martes, octubre 17, 2006

Impunidad y Vergüenza

Cuando integré el Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo “Emisario” por el área de radio, en uno de esos materiales, un reportero (cuyo nombre desconozco ya que la naturaleza del premio es la participación anónima) presentó un fragmento de una entrevista con un joven que aseguraba haber tenido relaciones sexuales con un político de Jalisco. El reportaje no decía quién.
Esto lo refiero porque se presentó el llamado “Estudio Jurídico-Penal relativo a la explotación sexual comercial infantil en el estado de Jalisco” y uno de sus autores, el investigador Rubén Quintino, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, me dijo que no solamente políticos, sino policías y miembros del Ejército, eran quienes más accedían a la práctica sexual con menores de edad. Identificó como causas de estos casos a la desintegración familiar y desempleo.
El documento al que hago referencia, entregado a los diputados del Congreso de Jalisco tiene como espíritu llenar los vacíos legales de nuestro Código Penal, específicamente con aquellos que no denuncian el abuso sexual infantil, como los hoteleros que permiten que se realice en sus instalaciones. Así también en quienes pueden denunciar y no lo hacen.
Cada año, de acuerdo con estimaciones de UNICEF, alrededor de un millón de niñas y niños se suman al mercado de la explotación sexual comercial en el mundo. Las ganancias por este mercado ilícito se calcula en siete mil millones de dólares anuales. Otras estimaciones calculan que tan sólo en el caso de las niñas, alrededor de dos millones son forzadas a ingresar en la prostitución.
En el país, Jalisco y Guerrero, están ubicados en los primeros lugares. El documento considera 16 mil niñas, niños y adolescentes. Es decir, el 15 por ciento de sexoservidoras.
En casi 60 páginas, el texto hace hincapié en una serie de propuestas para sancionar y prevenir estos casos y otros equiparables como la pornografía, tráfico de personas y turismo sexual.
No soy especialista para señalar que esa propuesta de reforma al Código Penal de Jalisco sea la adecuada pero sí como ciudadano solicitar a nuestros diputados revisar el material y considerarlo. Esto, me comentó Rubén Quintino, no es un problema de moral o costumbres, sino de impedir el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad humana.
Estas noticias no aparecen en primeras planas, es un tema que harta y tampoco es llamativo para hacer manifestaciones; sin embargo, cuando nuestras casas y calles son escenario de violaciones a los derechos fundamentales de un niño o una niña, entonces no podemos tapar la realidad con la peor de las ignorancias: el silencio cómplice. Y cuando esto es por impunidad, la vergüenza es mayor.

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