Cuarentena ilegal e inmoral

Va de nuevo esta historia que he contado otras veces.

El 1 de diciembre de 2004, entrevisté a Antonio Lozano Gracia, que había entrado al gabinete del presidente Ernesto Zedillo, como encargado de la PGR. Lo relevante en ese momento era que por primera vez un activo del PAN formaba parte del equipo de un jefe del ejecutivo. Ese día, Lozano Gracia me habló de hacer una especie de banco de datos de policías y delincuentes. La idea era buena, pero nunca se puso en práctica.

Con esta fiebre epidémica del michoacanarcogate revive la intención: que ningún involucrado en candidaturas (incluyendo las planillas) tengo en su haber algún delito. Más o menos como cuando uno entra a trabajar y tiene que presentar la carta de antecedentes penales.

Así evitaríamos lo que pasó en Chihuahua, donde un candidato a diputado, fue detenido por cohecho, como reporta Reforma: “Pese a haber obtenido un amparo de la justicia federal, esta mañana fue detenido el candidato del PAN a diputado federal y ex Alcalde de la capital del Estado, Juan Blanco Zaldívar, quien es acusado de cohecho. Jorge Espino, coordinador de campaña del candidato, informó que la detención del político fue realizada por agentes de la Policía Ministerial Investigadora, aunque dijo desconocer el origen y el fundamento de la orden de aprehensión.La detención se realizó mientras el candidato realizaba actividades proselitistas, y junto con él fueron detenidos el chofer, el secretario particular y el fotógrafo”.

Y así se resolvería lo que sucede con los funcionarios de Michoacán.

Un pendiente sobre este tema es la dilación de la justicia.

Recuerdo que aquel programa de radio Derechos y Chuecos, que conducía entre 1995 y 1997 sobre casos reportados en la Comisión de Derechos Humanos del D.F. se basaba en hechos reales y muchos tenían que ver con la tardanza para aplicar la ley.

Es común que las autoridades de la justicia opten por el arraigo que atenta contra cualquier Derecho Humano. Desde el punto de vista legal, el mensaje es que no se tienen las suficientes pruebas como para procesar alguien por un delito. No entiendo que no se le avise al gobernador Leonel Godoy para que los funcionarios no escapen, y que a la mera hora, requieran de 40 días para probar su culpabilidad.

Políticamente es un error mayor, porque se acentúa que el operativo fue mediático. Por lo pronto ya se logró que la sociedad los culpara sin juicio, y eso es grave en un sistema democrático, pero ahora se deberá reforzar aún más los nexos que supuestamente tienen con La Familia, que según la PGR es el grupo más peligroso del mundo narco.

Nuestros esquemas de inteligencia, como que no actúan con la prontitud que se requiere. Las pruebas que se han dado a conocer no son tan claras como para afirmar que tantos hayan estado ligados directamente.

¿Qué pasaría si no son responsables de lo que se les acusa? La respuesta es que los 40 días de arraigo vencen después de las elecciones del 5 de julio. Si esos operativos no se hacen en otras entidades, con otros funcionarios, entonces sí se huele más a otro golpe que llama la atención pero que suena más a captar primeras planas que a aplicar la ley.

Las referencias que hago de Lozano Gracia y del programa Derechos y Chuecos sólo es como ejemplo que el tema justicia está en un punto sin avance desde hace años: ni hay bases de datos de policías y delincuentes, ni hay velocidad para que la ley se cumpla.

Cuando en un operativo como el michoacanarcogate la ley se nos va de las manos, se comete un delito mayor: mentir por captar votos.

Hoy me dijo una ciudadana común: las elecciones son una de las 2 mil 500 cosas que no me importan. Tal vez tenga razón, pero el problema es que a los pocos que sí les interesa, les ven la cara de what con una propaganda fascistoide.

El arraigo de estos funcionarios es una cuarentena ilegal y si se combate al crimen organizado con ilegalidades e inmoralidades jurídicas, entonces corremos el riesgo de ganar a la mala, y es no es bueno para nadie.