Tarjeta roja descolorida

Aunque muchos se autonombran la paternidad, la verdadera maternidad de la revocación de mandato está en la misma sociedad.

Pero esto que suena tan atractivo sería también un buen motivo para que las pugnas internas y el partidismo que nos gobierna, adquiera mayor protagonismo.

Salvo el secretario general de gobierno de Jalisco, cualquier persona sí pensante de nuestro entorno estaría a favor que un político en funciones rindiera cuentas y resultados.

En síntesis, ya estamos hartos que nos vean la cara y la impunidad se transforme en cinismo.

Sin embargo habría que ser más claros en la iniciativa para incluir la revocación de mandato a nivel de la constitución de Jalisco.

De ahí también la importancia del quién.

Habría que ser precisos en cuanto a la ira y al descontento, así como a la rendición de cuentas y ser más ágiles en cuanto a decidir quién ha incumplido con un deber.

Bajo esta condición, por ejemplo, valorar si una mentada a gran escala es suficiente como argumento para aplicar un castigo de esta índole.

El diputado del PRI, Carlos Alberto Briseño Becerra, propuso la revocación de mandato para Gobernador, legisladores, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Con todos en alerta, con la amenaza de una tarjeta roja social, suena interesante que se pongan a trabajar.

Un caso, Puerto Vallarta. El anterior presidente municipal, Francisco Javier Bravo Carbajal, y su equipo no dieron a conocer el ejercicio de gastos de 2009 y el nuevo, Salvador González Reséndiz, miembro del equipo anterior, no ha dicho ni hecho nada al respecto. Aquí tanto el que esconde la pata de la vaca como el que la ordeña actualmente, resultarían culpables por el juicio popular.

Un ejemplo. Quién lleva la cuenta si se taparon los 20 mil baches en diez días que informó el director general de Servicios Municipales de Guadalajara, Mauricio Gudiño. Más aún, qué hace un operador político de esa escala, tapando baches. Mauricio Gudiño fue jefe de la unidad de asesores del rector de la Universidad de Guadalajara Carlos Briseño Torres y tiene un despacho de consultoría, asociado con Víctor Urrea, (encargado de la Contraloría de Guadalajara) con quien también es socio fundador de una institución de asistencia privada con sede en la ciudad de México denominada Academia Metropolitana.

También en Guadalajara, el tesorero, Hugo Alberto Michel Uribe, detectó un presunto desvío de recursos por 78 millones de pesos de la anterior administración. Sólo que eso ya se hace tarde cuando los supuestos responsables de esta irregularidad ya no están en funciones.

Están las obras que se quedan a medias y así siguen.

Un protagonista es el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que recibió bien la iniciativa pero que meses atrás mandó a la basura el proyecto de plebiscito del mentado Macrobús. El IEPC podría “emitir opiniones, análisis, diagnósticos en un plano técnico operativo, jurídico, instrumental”, en palabras de su presidente, David Gómez Álvarez.

Otro riesgo ya se expuso. Todo funcionario anexaría a su currículo un amparo contra lo que pudiera ofrecerse.

También valdría la pena definir qué sociedad actúa de árbitro. Porque a la que se ha quejado organizadamente, se le ha golpeado y maniatado.

Como vemos, si es una tarjeta roja descolorida porque no tiene forma y fondo.

La revocación de mandato y la rendición de cuentas forman parte de un crecimiento democrático cuya altura no han alcanzado nuestros representantes.

Parece más bien otra forma de encandilarnos para olvidar lo sustancial.