ITEI gate

Parece lejano aquella nota de 2001 cuando nos enteramos que en Los Pinos se habían pagado por toallas$402 dólares la pieza, trinchadores de $3,800 dólares cada uno, percheros de $1,200 dólares cada uno, cortinas a control remoto de $17,383 dólares...

También ya se ve como anecdótico cuando el actual colaborador de Conciencia Pública, Vicente Viveros, puso en jaque al entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, con ese requerimiento de la copia del cheque de nómina, que obligo a ir a las instancias legales más altas…

Con esos dos ejemplos y algunos más, los mexicanos y jaliscienses empezamos a jugar a la transparencia y la verdad es que la experiencia ha resultado al menos divertida.

La consumación de una democracia va más allá de la celebración de comicios y las exigencias internacionales marcan que deben aplicarse criterios de participación activa de ciudadanos en medio ambiente, medios de comunicación, Derechos Humanos, combate a la corrupción y acceso a datos en forma transparente.

En ese sentido Jalisco siempre enarboló aquella bandera de ser la primera entidad que entró de lleno a esa dinámica.

En su séptimo y último informe a cargo Consejo para la Transparencia y Ética Pública de Guadalajara, su presidente actual, Jesús Gómez Fregoso, dijo: “Nos podremos equivocar, pero siempre será mejor correr el riesgo”.

Pues todo eso está cercano de perderse en este largo y sinuoso camino donde temas de avanzada han retrocedido.

Los casos de rendición de cuentas y transparencia están en serio peligro.

Las modificaciones a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco permitirían que se derogue el párrafo que señala: “En todo momento, el Instituto de Transparencia tendrá acceso a la información reservada y confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o permitir su acceso”.

Con este cambio, cada organismo sería el responsable de dar o no datos, excluyéndose de esa función al Instituto de Transparencia e Información Pública.

Dicho de otra manera, no tendría caso la existencia del ITEI Jalisco y las dependencias obligadas se darían el lujo de discriminar lo que es o no reservado.

Aunque Jorge Gutiérrez Reynaga presidente del ITEI, expresó su desacuerdo, particularmente con la ampliación del plazo que tendrán los sujetos obligados para entregar la información solicitada, sabemos que su cargo y labor han sido cuestionados por su labor opaca y como una forma de acallar el supuesto protagonismo con que se acusó al anterior encargado, Augusto Valencia.

Ahora los sujetos obligados tendrían hasta 15 días hábiles para la entrega de información, con la posibilidad de solicitar cinco días adicionales a manera de prórroga, que es mucho más que lo que se tiene actualmente.

En marzo de 2009 publiqué:”Ser incómodo se ha convertido en un delito, como si el ser dócil es la única forma de funcionar…El daño es irreversible y se avanza hacia atrás y así, el camino no llega a ningún lado. Lo peor es que los ciudadanos somos cómplices de este agravio”.

Si bien ahora el ITEI tendría facultades que le permitirían que sea el que determine las sanciones económicas a los sujetos obligados en caso de incumplimiento, detrás de esa mal lograda intención está parte del truco para hacernos creer que hay un logro.

Con un presidente a modo y quieto, con los diputados de Jalisco dispuestos a empañar la caja de cristal, se confirma lo que dijimos hace meses: el golpe de Estado a la transparencia es una afrenta a nuestra inteligencia y hemos dejado que nos lo hagan.

Afortunadamente la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia, que restringía ese derecho y ampliaba la discrecionalidad en el manejo de información pública, fue retirada este viernes antes de ser votada por el Pleno del Congreso de Jalisco.